Quemar la legislatura
Los proyectos políticos de ultraderecha en nuestra región necesitan el olvido de la realidad histórica para poder resurgir. Batallan por la reconciliación, el silencio y el perdón y son refractarios a las demandas de memoria, juicio y castigo. Luego del olvido puede sembrarse la semilla de la duda y, sin una comisión oficial de la verdad sobre las atrocidades cometidas durante los regímenes de ultraderecha que los preceden, surgen voces que aprovechan la intencionalidad de los algoritmos para falsificar sus antecedentes.
Una versión de esta nota fue publicada en la Revista Espoiler de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
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A partir de ese momento, todo es opinión. Los menos cautos comprarán un discurso editado por influencers para justificar las carencias a las que los arrojó el neoliberalismo. "Un pobre empleado burocrático se siente alguien especial cuando se hace fascista. Los fascistas casi mágicamente –con sólo ser fascistas– se transforman en poseedores del país que habitan," señaló José Pablo Feinmann sobre el resurgimiento del nazi-fascismo.
En la confirmación por la justicia penal de Argentina de la condena a los miembros de la banda neonazi "Bandera Negra" de Mar del Plata, el tribunal fundó su decisión en que "sus integrantes participan de la ideología nacionalsocialista creyendo en la supremacía de ciertas razas, discriminando a otros por razón de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual y/o ideología política". Este resultado se nutre del enorme trabajo realizado por las organizaciones sociales y especialmente por la juventud que empujó a que en los años sesenta Alemania reconociera y documentara la totalidad de la tragedia de su historia y tomara las medidas legales necesarias para juzgar y condenar tales atrocidades. Existe un Monumento al Holocausto en medio de la ciudad de Berlín y archivos y centros de documentación que hacen imposible relativizar la verdad. Levantar banderas neonazis hoy es un crimen.
Sin embargo, levantar banderas de ultraderecha todavía no es un crimen. La tarea está pendiente con respecto a la mayor parte de la brutalidad organizada, financiada y promovida por Estados Unidos para instalar gobiernos anticomunistas afines a su ideología económica. Como sabemos, después de su fracaso en Cuba y en Vietnam, Estados Unidos se dedicó a imponer su plan económico con especial virulencia en Indonesia y en América Latina. Los militares que dieron los golpes de Estado en Indonesia, Brasil y Chile fueron entrenados en la misma escuela militar en Estados Unidos. Al golpe de Estado le siguieron el asesinato y el empobrecimiento de la población por las recetas aprendidas en Berkeley (conocida en Indonesia como "la mafia de Berkeley") y en Chicago (nuestros "Chicago boys").
En su libro The Jakarta Method - Washington's Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped our World, Vincent Bevins explica que la Unión Soviética siempre miró a América Latina como esfera de influencia de Estados Unidos y mantuvo su postura ortodoxa de larga data de que en el hemisferio occidental la revolución debería progresar gradualmente. La Unión Soviética no buscó aniquilar el capitalismo en América Latina, el rechazo al capitalismo en la región vino directamente de la soberanía popular. Henry Kissinger lo confirmó cuando, ante la inminente victoria electoral de Salvador Allende en Chile, manifestó: "No veo por qué deberíamos quedarnos de brazos cruzados mientras un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo".
Podemos afirmar que la primera vez que un Estado llevó a cabo la desaparición forzada de personas fue en noviembre de 1965. Se trató del régimen de Suharto en Indonesia, promovido y financiado por Estados Unidos para desactivar el camino antiimperialista de países no alineados con el que soñó Sukarno, primer presidente y protagonista de la independencia de ese país. Bevins explica que aquella oportunidad fue la tercera vez en la historia en que Estados Unidos proveyó a sus gobiernos títere listas de personas a quienes asesinar. La primera fue en Guatemala en 1954, le siguió Irak en 1963. El caso de Indonesia resultó en el asesinato de un millón de personas y el encierro en campos de concentración de otro millón. Alentados por su gobierno, gerentes de plantaciones y de otras inversiones estadounidenses en Indonesia proveyeron listas de empleados "problemáticos" y sindicalistas que también fueron asesinados.
Existen negacionistas en Indonesia que sostienen que "no fueron un millón, fueron quinientos mil", lo que recuerda el tristemente célebre "no tengo idea si fueron treinta mil o nueve mil" del ex presidente argentino Mauricio Macri. Que el ex presidente manifieste no tener idea de lo que sucedió en el país que probablemente mejor lidió con su pasado de ultraderecha, expone el plan de corrupción de la historia que hoy propone la ultraderecha emergente. Así, se abre el camino para que personajes como Jair Bolsonaro accedan a la presidencia de Brasil. De otro modo, Bolsonaro estaría preso desde sus días de diputado por haber dedicado su voto a favor del impeachment de Dilma Roussef a la memoria del jefe militar torturador del mayor centro de represión de la dictadura en San Pablo.
La construcción de Brasil como paraíso despreocupado y alegre no refleja su condición de ser probablemente el país más conservador de Sudamérica, que accedió a la independencia unos setenta años más tarde que el resto de los países de la región, el último en abolir la esclavitud en América y el único en tener monarcas, verdadero anacronismo entre las nuevas democracias americanas. Se suele decir que porque desaparecieron "apenas algunos cientos" de personas, Brasil vivió una dictadura menos espantosa que las de Chile o Argentina. Sin embargo, todavía debe terminar de dimensionarse el verdadero alcance de Brasil como interlocutor de Richard Nixon y ejecutor del programa estadounidense a nivel regional. En 1971, el año en que se registran las primeras desapariciones de personas en Brasil, la dictadura de Emilio Garrastazu Médici ayudó a derrocar el gobierno boliviano para instalar a Hugo Banzer como dictador. Poco después Brasil movió su tropas a la frontera con Uruguay para interferir en la elección de la coalición del Frente Amplio y asegurar la victoria del Partido Colorado. A pocos días de producido el golpe de Estado en Chile, asesores militares brasileños participaron en las sesiones de tortura a los que fueron sometidos miles de detenidos por el régimen del dictador Augusto Pinochet en el Estadio Nacional de Santiago.
El olvido de la realidad histórica abre el argumento de la duda tanto en los sectores más precarizados por las políticas neoliberales, como en el segmento de mayor acumulación de riqueza artífice de tales políticas y odiante de la ampliación de derechos a los sectores populares. Tomemos como ejemplo el resultado de Javier Milei, el candidato a presidente ultraliberal de La Libertad Avanza, en las PASO del 13 de agosto de 2023. Lo secunda Victoria Villarruel, abogada negacionista de los crímenes de la dictadura que propone "revisitar el pasado", lo que es solo una forma interesada de encubrir a partícipes y beneficiarios por la dictadura.
Villarruel organizó en la Legislatura porteña un acto "homenaje a las víctimas del terrorismo" convocado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), entidad que preside Villarruel y que fue conformado en 2006 como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El principal objetivo de este grupo es llevar a juicio a los militantes de los años ‘70, y se creó como una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en 1993 por militares que actuaron en la represión ilegal. Sin perjuicio de la indignación popular y del repudio de organismos de derechos humanos y otras agrupaciones, la legislatura habilitó el espacio y el acto se llevó adelante. Está claramente demostrado que el país había sido secuestrado por una de las dictaduras más sangrientas del mundo. Mientras los jóvenes militantes luchaban por un proyecto de mundo opuesto al régimen anticomunista respaldado por Estados Unidos, el Estado Argentino cometió el crimen más grave que pueda imaginarse: clandestinizarse para secuestrar, torturar y asesinar a su población y la de otros países de la región.
Los pedidos de legisladores para cancelar el evento de Villarruel fueron desoídos. Resulta evidente que, albergando este acto, la legislatura porteña no preservó los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad ni cumplió con los acuerdos básicos que lograron las distintas fuerzas políticas a cuarenta años de la recuperación de la democracia. El candidato presidencial Javier Milei propuso quemar el Banco Central porque no lograría cumplir con las funciones previstas en su carta orgánica, tales como la estabilidad monetaria y financiera. En esa misma lógica, ¿deberíamos considerar quemar la legislatura porteña?
La estimación más conservadora de asesinatos realizados por el régimen global de exterminio anticomunista organizado y financiado por Estados Unidos entre 1945 y 2000 es de 1.866.250 personas. Otras estimaciones llevan el número de muertes a 1.989.250. Propuestas como las de Milei o Villarruel deberían darse en un marco que conduzca a su procesamiento para determinar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, sin perjuicio de responsabilidad penal adicional. Sin embargo, mientras no nos demos una investigación independiente que incluya la perspectiva imperialista del programa que Estados Unidos desplegó a nivel planetario, seguirá habiendo espacio para opiniones, revisiones y el resurgimiento periódico de la ultraderecha sobre un relato histórico maquillado. Mientras no contemos con una investigación regional definitiva, la furia sistemática contra un enemigo construído, que ayer fue el comunismo, seguirá volcándose hoy contra los espacios políticos de izquierda que proponen la ampliación de derechos.